El juez Oyarbide aceptó a metalúrgicos villenses como querellantes
Avanza la investigación federal sobre la represión en Villa
La presidente María Estela Martínez de Perón; el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz y el directorio de Acindar en ese momento están acusados de avalar el sangriento operativo Serpiente Roja del Paraná. Este se inició el 20 de marzo de 1975.
Los dirigentes metalúrgicos Juan Actis y Alberto Piccinini (Foto) fueron aceptados por el juez federal Norberto Oyarbide como querellantes en la causa que investiga el operativo represivo llevado a cabo en nuestra ciudad a partir del 20 marzo de 1975, llamado “Serpiente Roja del Paraná” y que involucra al directorio que dirigía por entonces a la empresa Acindar. Ambos sindicalistas realizaron la presentación junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en diciembre del 2010 y también la acompañó el recientemente fallecido Carlos Sosa. Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Economía del proceso militar, José Alfredo Martínez de Hoz y el directorio de la empresa Acindar de aquellos años. A ellos se les imputa haber apoyado el accionar represivo de las fuerza de seguridad y paramilitares y además montar en el albergue para solteros de la planta el primer centro clandestino de detención, los que luego proliferarían en todos el país a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Para Oyarbide los delitos cometidos en ese entonces son de “lesa humanidad” por lo que se consideran imprescriptibles.
La presentación inicial realizada por Piccinini y Actis fue hecha ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y en ella se denunciaba al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y la totalidad del directorio de Acindar. En el escrito presentado en diciembre por los letrados de la LADH se denuncian los asesinatos y torturas cometidos dentro del albergue de solteros de la empresa desde el 20 de marzo de 1975. En ese tiempo Martínez de Hoz presidía el directorio, cargo que ostentó hasta asumir como ministro de la dictadura.En manos de Oyarbide
Los propios querellantes solicitaron a Martínez De Giorgi que remitiera la documentación a Oyarbide ya que en su juzgado se sustancia la investigación del accionar de la Triple A, que también participó del Operativo Serpiente Roja, y otra denuncia contra Martínez de Hoz a quien se lo acusa del secuestro del empresario Federico Guttheim y su hijo Miguel. En tanto el abogado querellante Olivier Reboursin explicó al diario Tiempo Argentino “que se le pedirá a la actual composición del directorio de Acindar que aporte información sobre quiénes fueron los directores de la empresa al momento del operativo represivo para así poder citarlos a indagatoria”.
“El centro clandestino que se conformó dentro de Acindar siguió funcionando durante la dictadura. Se encarceló a toda la comisión gremial interna”, agregó el letrado. Con respecto María Estela Martínez de Perón, quien gobernaba el país y avaló el sangriento operativo también fue imputada por los querellantes pero para efectivizar su citación es necesario pedir su extradición a España. La importancia de esta causa que lleva el Nº 16.251/10 es que, tal como sentenció Actis Villa Constitución “fue la prueba piloto” de lo que pasaría en el país a partir del golpe de estado de 1976.
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